El Colegio de Procuradores de Barcelona colaboró en la organización de la mesa-debate del Consejo General de Procuradores de España (CGPE) y de la agencia Europa Press sobre el Impacto del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales en la Administración de Justicia. Este encuentro, que reunió en el Hotel Meliá Barcelona Sarrià a más de 300 procuradores el lunes 9 de diciembre, contó con la participación de Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, presidente del CGPE; Miguel A. Gimeno Jubero, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya; Ricardo Conde Díez, director general de Relaciones con la Administración de Justicia; Pablo Llarena Conde, presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona y de la Asociación Profesional de la Magistratura; Miquel Sàmper Rodríguez, presidente del Consejo de Abogacía Catalana, e Ignacio López Chocarro, decano del ICPB y presidente del Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Catalunya.
López Chocarro y el resto de participantes coincidieron en que la eliminación de la incompatibilidad entre procuradores y abogados supondría un grave problema para la Administración de Justicia que repercutiría de forma muy negativa en los intereses de los ciudadanos.
En este sentido, el decano del ICPB centró su intervención en explicar que la puesta en marcha de la reforma no aportará una mejora en el funcionamiento de la Administración de Justicia, no supondrá un abaratamiento del servicio para los ciudadanos ni tampoco una mejora en la protección de los consumidores y usuarios.
Esta protección, añadió, debe buscarse en unos servicios de calidad y no en una simple obertura al mercado -en una clara referencia a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC)-, dado que la desregularización de un servicio tan necesario como el de la justicia podría comportar graves consecuencias.
Asimismo, López Chocarro recordó que ninguno de los operadores jurídicos, que son los que realmente conocen cómo funciona la Administración, ha pedido que esta reforma se lleve a cabo. Jueces, secretarios judiciales, abogados, fiscales y el Ministerio de Justicia, entre otros, se han posicionado abiertamente a favor de mantener la incompatibilidad porque el trabajo que hacen los procuradores es necesario para garantizar un buen servicio a los ciudadanos y un buen funcionamiento del sistema judicial.
La mesa concluyó con la misma noticia con la que comenzó la jornada: el anuncio por parte del presidente del CGPE de la formación, este jueves, de una comisión mixta y paritaria de dos miembros del Ministerio de Economía y dos del propio Consejo con tal de tratar de llegar a puntos de encuentro que puedan cumplir las perspectivas de ambas partes.
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