La Consejera de Drets Socials, Violant Cervera, el director de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, del Departament de Drets Socials, Jaume Fornt, el presidente del Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya, Enrique Vendrell, la presidenta del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya, Teresa Arnal, el presidente del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB), Celestí Ventura, y la degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Assumpció Puig, han formalizado hoy un convenio para colaborar en el impulso y gestión de las ayudas a la rehabilitación del Programa Edificios vinculados a los Fondos Next Generation.

El convenio se ha firmado como fórmula para vehicular las ayudas que la Unión Europea ha previsto para que los colegios profesionales creen las Oficines de rehabilitació y actúen como mediadores entre la administración de la Generalitat y los usuarios últimos de las ayudas. El objetivo es que los colegios profesionales ayuden en las comunidades de propietarios, a coste cero, en la gestión de la solicitud de subvención y en todo lo referente a la documentación necesaria para su trámite, para que se puedan beneficiar de las subvenciones el mayor número de edificios posible.

Drets Socials considera que el papel de los colegios profesionales, tanto técnicos (de arquitectos técnicos y de arquitectos) como de administradores de fincas, es clave para lograr los objetivos del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, que regula los programas de ayudas en materia de rehabilitación residencial. La rehabilitación energética está poco instaurada en la mentalidad de la sociedad y del ciudadano, y por tanto es del todo necesario que haya un impulso desde los profesionales mencionados, en la busca y el convencimiento de las comunidades de propietarios.

Por esta tarea de información, difusión, gestión y acompañamiento que harán, los colegios profesionales recibirán una contraprestación económica de 330 euros por vivienda rehabilitada que se distribuirá entre los profesionales que hayan participado, de manera proporcional a la carga de trabajo, tal y como se detalla en el convenio.