Cerca de 4.500 demandas presentadas que no están siendo repartidas en los Juzgados y más de 15.000 escritos que no pueden ser presentados a los Juzgados, están provocando graves disfunciones en el acceso a la tutela judicial efectiva en la ciudad de Barcelona. La huelga indefinida de los funcionarios de Justicia convocada por los Sindicatos UGT, CCOO , CSIF y STAJ desde el pasado día 4 de septiembre, que se concentra principalmente en la Oficina de Presentación de Escritos, afecta de manera directa a los ciudadanos, a través de sus representantes, los procuradores de los tribunales.
Ante esta situación, el Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona (ICPB) reclama que se habiliten los recursos humanos y materiales necesarios para que se puedan presentar todos los escritos y garantizar así el servicio público de justicia a los ciudadanos, sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. Ignacio López Chocarro , decano del ICPB , ha trasladado al Departament de Justícia y a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña su preocupación por el retraso que se está generando en la tramitación de los procedimientos y, a pesar de respetar el legítimo derecho de huelga de los funcionarios y entender en buena parte sus reivindicaciones, ha indicado que «el derecho de huelga no debe impedir el normal acceso de los ciudadanos a la justicia».
Esta situación, totalmente ajena al colectivo, además de impedir el derecho a la tutela judicial efectiva puede generar importantes responsabilidades a los profesionales del derecho que no podrán cumplir con los plazos y trámites procesales, responsabilidades que podrían revertir en la propia Administración de Justicia. En este sentido, y respetando las reivindicaciones de los funcionarios, el decano de los procuradores reclama que de manera urgente, y por parte de quien corresponda, se adopten las medidas necesarias para restablecer el servicio normalizado de la Oficina de Presentación de escritos de la Ciudad de la Justicia de Barcelona y se garantice así el buen funcionamiento de la Administración de Justicia.
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